Los prestadores de los servicios del sistema de discapacidad están atravesando una crisis bastante importante. Dialogamos con Leandro Ator, referente del Colectivo 3 de Diciembre, quien nos explico la situación.
Desde la Asociación de Transportistas al Servicio de las Personas con Discapacidad (Colectivo 3 de Diciembre) y la Cámara de Prestadores de Discapacidad (CAPREDIS) han elevado reclamos formales al gobernador y a legisladores de distintos sectores políticos para advertir sobre la grave crisis que atraviesa el sector. Según denuncian, la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) desoye sus pedidos de actualización de aranceles, lo que ha generado una situación insostenible para los prestadores del servicio.
En dialogo con La Ranchada, Leandro Ator, referente del Colectivo 3 de Diciembre, se refirió a la difícil situación que atraviesan los compañeros. «La crisis que estamos viviendo tiene que ver con la falta de actualización de los aranceles de Apros, tanto para el servicio que nos brindamos, que es el servicio de traslado a personas con discapacidad, como los aranceles que se pagan a las diferentes prestaciones que se brindan, que brindan los centros profesionales».
El conflicto no es nuevo, la demanda por una reestructuración de los valores que perciben los transportistas de personas con discapacidad comenzó a resonar con fuerza en 2024. Sin embargo, la falta de respuesta de las autoridades ha profundizado el problema en el inicio de este nuevo año. Actualmente, Apross les paga $434,67 por kilómetro de traslado, un monto muy por debajo del valor nacional y aún más distante del precio del litro de combustible, que históricamente funcionaba como referencia para calcular las tarifas. El entrevistado se refirió a el impacto de la inflación en el precio del combustible que utilizan los transportistas, «el valor del combustible se fue por las nubes, nuestro arancel, que es un valor que tiene el kilómetro, siempre estuvo en relación a lo que salía el litro de combustible. Hoy estamos hablando de $1300 arriba de ese valor y nuestros aranceles quedaron en $437, 434, por lo cual estamos lejísimos».
Los transportistas advierten que esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio, fundamental para miles de personas con discapacidad que dependen del traslado diario para acceder a tratamientos y actividades esenciales. Ante la falta de soluciones concretas, el sector evalúa nuevas medidas de protesta para visibilizar su reclamo y lograr una actualización acorde a la realidad económica actual.
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