El Gobierno nacional oficializó este martes 20 de mayo la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), el organismo que se había constituido en febrero con el objetivo de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento del escándalo por la criptomoneda $Libra, una criptoactiva que fue promocionada públicamente por el presidente Javier Milei a través de sus redes sociales. La medida, que se formaliza mediante el decreto 332/2025, fue firmada por el propio Presidente y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y publicada en el Boletín Oficial.
La UTI había sido creada apenas cinco días después de que Milei difundiera publicaciones en sus redes personales alentando el uso y la confianza en $Libra, lo que generó una oleada de inversiones por parte de pequeños ahorristas y simpatizantes del mandatario. Poco tiempo después, el valor de la moneda digital se desplomó, dejando a miles de personas con pérdidas económicas significativas y provocando la presentación de denuncias penales por estafa y publicidad engañosa.
En los meses posteriores, la UTI había comenzado a indagar los movimientos en las cuentas de los principales implicados, recogiendo evidencia clave y colaborando con el Ministerio Público Fiscal (MPF). Sin embargo, el Gobierno consideró que esta etapa había sido cumplida. En el texto del decreto, se argumenta que “la información recopilada fue remitida al MPF y que la tarea encomendada fue cumplimentada”. Por lo tanto, se dispone su inmediata disolución, fundamentando la decisión en el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, que otorga al Presidente la autoridad sobre la administración general del país.
La decisión generó fuerte malestar entre los sectores damnificados, que ven en esta medida una forma de clausurar anticipadamente una investigación que apenas comenzaba a arrojar resultados. En paralelo, el oficialismo avanza con maniobras para bloquear la creación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, la cual había comenzado a tomar forma con el apoyo de bloques opositores y representantes de las víctimas del fraude.
Desde diversos sectores sociales y políticos se cuestiona la voluntad del Ejecutivo de llegar al fondo de la cuestión. La eliminación de la UTI, lejos de despejar dudas, parece sumar nuevas sombras sobre el rol del presidente Milei en la promoción de un activo financiero que generó millonarias pérdidas a quienes creyeron en sus mensajes. La falta de regulación del mercado cripto y la utilización de la figura presidencial en la promoción de inversiones de alto riesgo se han vuelto centro del debate.
Además, el cierre de la unidad investigadora se da en un contexto de creciente cuestionamiento al manejo de la Justicia por parte del oficialismo y a la transparencia del Gobierno en casos sensibles. El escándalo de $Libra, convertido ya en uno de los mayores episodios de fraude vinculado a criptomonedas en el país, sigue sin responsables identificados ni mecanismos de reparación para las personas damnificadas.
Con esta medida, el Gobierno no solo da por cerrada una línea de investigación clave, sino que también envía un mensaje preocupante sobre su disposición a rendir cuentas y esclarecer hechos en los que la propia figura presidencial quedó involucrada directa o indirectamente. El tiempo dirá si la Justicia tomará el testimonio de los perjudicados y logrará avanzar pese al retiro del respaldo institucional que significaba la existencia de la UTI. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando respuestas.
