Según un informe, en el 62 por ciento de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico del hogar.
El estudio «Más allá de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro»buscó responder diversos interrogantes, a través de las percepciones y experiencias de las personas privadas de su libertad y de sus familiares, a través de encuestas y entrevistas en profundidad. Para completar el panorama, también entrevistaron a funcionarios penitenciarios.
Los datos muestran que en Argentina hay 92.000 personas presas, 500.000 personas que tienen un familiar en la cárcel y aproximadamente 150.000 niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar privado de su libertad. Sin embargo, cómo el encarcelamiento atraviesa la vida de esas miles de familias, cómo se reconfiguran los vínculos afectivos, cómo afecta a los hijos tener a su madre o padre presos y cómo se ejerce el rol paterno o materno desde el encierro son sólo algunas de las preguntas que aún no tienen respuestas en las políticas de seguridad. Para explorar ese terreno, visibilizar las situaciones y proponer algunas vías de acción, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), junto con la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (Acifad), y el apoyo técnico y financiero de Unicef, encaró una investigación cuyos resultados presentó esta semana.
Si bien muchas de las cuestiones que surgieron fueron advertidas en su momento por la Procuración, toman otra dimensión desde la óptica de las personas privadas de su libertad. «El informe busca visibilizar el impacto que tiene y cómo atraviesan esta situación las personas que tiene un familiar preso, en un contexto donde no hay política públicas pensadas para ese colectivo que es enorme y nunca estuvo en la agenda política», explicaron investigadores.
El informe señala que la mayoría de las personas detenidas y sus familiares pertenecen a los sectores más pobres, por lo cual, las detenciones agravan la vulnerabilidad. «En el 62% de los casos la persona detenida constituía el principal aporte económico del hogar». Además, «las visitas a las unidades carcelarias, la concurrencia periódica a los juzgados y defensorías; la necesidad de proveer a las PPL de los insumos básicos como vestimenta, elementos de higiene o comida, así como la permanente compra de tarjetas« telefónicas para sostener los vínculos, incrementan los gastos familiares.
En el caso de los niños, niñas y adolescentes, los allanamientos son, en muchos casos, la primera experiencia de violencia que deben afrontar. Después llega el momento de resolver al cuidado de quién quedan, y ahí el informe señala «importantes diferencias según se trate del encarcelamiento de su padre o su madre. Mientras que la enorme mayoría de los varones presos señalan que sus hijos/as se encuentran a cargo de sus madres (84%), menos de un 20% de las mujeres detenidas indicó que los padres de sus hijos/as son los responsables de su cuidado y custodia (19%)«.
Del relevamiento surge también que tras la detención del adulto, los niños, niñas y adolescentes pasan «a ocupar roles de cuidado de otras personas, desfasados respecto de sus momentos vitales«, siendo la situación más común la de hacerse cargo de hermanos menores. Los relatos de los chicos en el estudio van desde el deseo e interés por sostener los vínculos con la persona detenida, a cómo tuvieron que reconfigurar sus vidas para hacerse cargo de hermanitos o el estigma escolar que implica la detención de un familiar.
«El objetivo fue visibilizar los obstáculos que conspiran contra el mantenimiento de los vínculos, que son situaciones realmente complejas en la mayoría de los casos. «