Referentes de las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se reunieron este martes con el legislador provincial Mariano Lorenzo para impulsar la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 27453 de integración Sociourbana y Regularización Dominial, mejor conocida como la Ley de Barrios Populares.
Mariano Lorenzo, militante del Movimiento Evita y legislador del Frente Hacemos por Córdoba, expresó al iniciar la reunión que el objetivo principal es “institucionalizar las luchas” que vienen dando los Movimientos Populares en un largo camino de unidad en la agenda de “tierra, techo y trabajo”. Además agregó que la adhesión “tomará estado parlamentario” y que será responsabilidad del estado en conjunto con las organizaciones que se concreten los diferentes puntos que plantea la Ley. Para cerrar expresó su preocupación por el desalojo violento en Guernica y dijo que no puede ser que a casi 40 años de Democracia el Estado no tenga saldado el acceso a la tierra.
«Hay que institucionalizar las luchas»
Mariano Lorenzo
Participaron dirigentes de la UTEP, delegados y delegadas de diferentes barrios populares de la capital y del interior. Quienes celebraron la invitación y reafirmaron su compromiso para seguir trabajando en la ejecución plena de la Ley de integración Sociourbana y regularización dominial.
SOBRE LA LEY
En 2018 fue votada por unanimidad y entró en vigencia la ley que propone la expropiación y urbanización de alrededor de 4.300 barrios populares, donde viven cerca de 4 millones de personas que tienen problemas en la tenencia de la tierra y sufren la falta de acceso a servicios básicos.
La iniciativa fue impulsada por diversas organizaciones sociales como CTEP, CCC, Barrios de Pie y ONG´s como TECHO. A su vez se conformó también la Mesa Nacional de Barrios Populares integrada por delegados y delegadas de todo el país.
La ley declara de utilidad pública y sujeta a expropiación las tierras de todos los barrios. El estado debe comprar las tierras privadas que significan el 60 % de las tierras relevadas para luego poder otorgar el título de propiedad. Suspende los desalojos por 4 años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo. Son 4300 barrios relevados, 850 familias, que están asentadas irregularmente hace más de 4 años.
RENABAP Y CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR
Esta ley tiene su sustento en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), el cual fue creado oficialmente en el 2017 pero que surge anteriormente a partir de un relevamiento que realizaron los propios habitantes de los asentamientos. Esta herramienta hizo que los vecinos y vecinas accedan a un Certificado de Vivienda Familiar, a la vez que permitió mapear los barrios populares de la Argentina. Este certificado que se tramita a través del ANSES, se trata de un documento público inédito en nuestro país, que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a la ciudad para el acceso de forma igualitaria a todos los servicios de la red pública de agua, electricidad, cloacas, etc. Además, permite exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos; todos los servicios necesarios para un buen vivir. Es decir, reconoce a los habitantes de villas y asentamientos, aunque no tengan hoy el título de propiedad.
APLICACIÓN DE LA LEY
Desde la aprobación de la Ley de Barrios Populares la primera preocupación de los sectores que la impulsaron, fue exigir que sea rápidamente reglamentada y obtuviera su lugar en el presupuesto nacional. Pero no fue así durante la gestión macrista. A su vez con la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, se creó la Secretaría de Integración Socio Urbana a cargo de la militante social Fernanda Miño, cuya cartera estuvo en primer lugar en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y actualmente se encuentra en la del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desde donde han planteado el desafío de impulsar la ejecución de los diferentes puntos de la ley, teniendo como prioridad realizar las obras para el acceso a los servicios básicos en un momento donde el contexto sociosanitario lo exige.
EN CÓRDOBA
Para llevar adelante en la provincia la gran tarea de integración sociourbana y regularización dominial de alrededor de 200 villas y asentamientos relevados, es necesario el trabajo articulado de los tres niveles del estado: Municipal, provincial y nacional.
En este sentido en el mes de agosto se sancionó la Ordenanza N° 13.053 en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, por medio de la cual la Municipalidad adhiere al “Régimen de Regularización Dominial para la integración socio urbana”. En la misma línea pero a nivel provincial se presenta en la Legislatura cordobesa, siendo necesario avanzar también con los demás municipios.
El acceso al hábitat digno es un derecho, y para garantizarlo se necesita de información, planificación y ejecución de propuestas que contengan la realidad de millones de argentinos, como expresó Pablo Montes, referente del Movimiento Evita-UTEP que «las propuestas que surgen tienen que ver con la práctica y la experiencia caminada en unidad«.
«Las propuestas que surgen tienen que ver con la práctica y la experiencia caminada en Unidad«
Pablo Montes
Noelia Feldman, integrante del Encuentro de Organizaciones y del Equipo ejecutor del ReNaBaP expresó a Radio La Ranchada cual es la importancia de que la Provincia adhiera:
«La adhesión tiene un valor político muy grande, lo que hace es reafirmar el compromiso de la provincia con la Ley. Y el valor específico es porque hay potestades que son exclusivas de las provincias, por ejemplo las expropiaciones y el dominio de las tierras».
En cuanto a sobre qué puntos es necesario avanzar para que la propuesta sea integral y superadora dijo que hay que garantizar la apertura del Registro para la incorporación de los barrios que faltan, considerar efectivo el valor del Certificado de Vivienda Familiar ya que hay trabas, por ejemplo en EPEC, para pedir los servicios; y fortalecer la participación de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular en la obra pública para desarrollar los proyectos de infraestructura y urbanización: «Nuestros compañeros y compañeras son laburantes que levantan los edificios que no pueden usar, esta es la oportunidad para que levanten sus propios barrios».
Además resaltó la necesidad de seguir discutiendo y poner en agenda la construcción de lotes con servicios, la producción social del hábitat, producir espacios donde vivir en la ciudad y conquistar suelo para el trabajo productivo en el interior:» Que la tierra sea para quien la habita y para quien la trabaja».
» Que la tierra sea para quien la habita y para quien la trabaja».
Hacia el cierre de la reunión Silvia Quevedo, referenta de Barrios de Pie-UTEP dijo que “estar en la legislatura discutiendo este derecho es una conquista”, además resaltó la importancia de que las bases sean las principales protagonistas y cerró: “ Desde abajo hacia arriba planteamos una agenda para ganar y no para la derrota. Necesitamos de una madurez muy grande para que la conquista de los derechos sea en paz”.
«Necesitamos de una madurez muy grande para que la conquista de los derechos sea en paz»
Silvia Quevedo
TRES EXPERIENCIAS DESDE LAS BASES
Barrio La Perla
Armando Condorí, Omar Urrutia y Roxana, integrantes del Movimiento Evita en Alta Gracia:
«Hemos estado trabajando arduamente con todos los vecinos, sobre todo porque nos hemos encontrado con situaciones que venían por parte del juez y en la cual nos citaban a dejar los terrenos o pagar cifras muy elevadas e irrisorias. Hemos tratado de juntarnos todos los vecinos, hemos movido cielo y tierra, y hemos conseguido el apoyo de la municipalidad de Alta Gracia».
Toma Parque las Rosas
Sandra González, es integrante del Encuentro de Organizaciones, delegada de la Mesa Nacional de Barrios Populares que habita en una toma. Y nos cuenta que en su barrio se comienza a ver reflejada la ley:
«Estamos viendo la ley haciéndose realidad en nuestros territorios, nosotros en barrio Parque las Rosas firmamos 2 convenios, unos para un proyecto de obra temprana que seria un salón comunitario. Y un proyecto para diseñar el barrio. Hoy estamos viendo como la ley llega a nuestros barrios».
Cooperativa 12 de septiembre
El barrio 12 de Septiembre también es uno de los que firmaron un convenio en el marco de la ley para comenzar con algunas obras. Javier Montalvo, referente del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Excluídas y vecino de este barrio popular nos expresó:
«Hace un par de años presentamos el proyecto del polideportivo, y el 9 de noviembre arrancamos con las obras preliminares. Estamos muy contentos, las familias que viven en el barrio, ya que son unas de las primeras obras que se inician y se da a pulmón y codo a codo con los compañeros y compañeras del barrio».
«Estamos viendo la ley haciéndose realidad en nuestros territorios«
Sandra González
Estas dos últimos barrios populares son los primeros que han firmado convenio en Córdoba en el marco de la Ley y que prontamente comenzarán con las primeras obras.
En cuanto a las novedades de la Ley, recientemente el Ministro Arroyo anunció la reapertura del Renabap para registrar villas y asentamientos nuevos alcanzando sólo a los que ya están consolidados, que tengan casas construidas y que hayan surgido en los últimos 3 años. La importancia de reabrir el registro radica en que por ley no pueden ser desalojados.