En medio de un clima de tensión, referentes vecinales repudian el secuestro de carteles de protesta y cuestionan la instalación de portones en los barrios, denunciando que se prioriza el cerramiento urbano sobre la salud y la protección de las reservas naturales.
La situación en Villa Allende ha alcanzado un punto crítico tras lo que los vecinos califican como un acto de censura y criminalización de la protesta. Según relató Marcelo César Bianco, hace 48 horas se desplegó un operativo con ocho policías y móviles de seguridad ciudadana para secuestrar un cartel de una mesa informativa, bajo el argumento de que «lesionaba la figura del intendente». Para los manifestantes, este hecho es un intento de amordazar las críticas frente a políticas que consideran contrarias a los intereses colectivos.
El eje del conflicto radica en dos frentes principales: la oposición al avance de la minera Gran Ombú en la reserva natural Supaj Ñuñu y el rechazo a la instalación de portones en las calles de la ciudad. Bianco señaló que, a pesar de haber presentado 3.000 firmas y solicitado audiencias públicas hace más de 15 meses, el municipio ha avanzado con el cerramiento de barrios sin el consentimiento de la mayoría, convirtiendo las calles en una «cárcel a cielo abierto».
La inversión económica también es foco de fuertes cuestionamientos. Se estima un gasto inicial de 200 millones de pesos para la colocación de 13 portones, cifra que podría superar los 1.000 millones con las actualizaciones de precios. «Estamos con las casas destruidas, sin iluminación, y tenemos un hospital que no se pone en funcionamiento porque la municipalidad dice que no tiene plata», denunció Bianco, contrastando el gasto en seguridad pasiva con el deterioro de la salud y la infraestructura pública.
Finalmente, los vecinos advierten que estos portones no solucionan la inseguridad, sino que podrían agravarla al impedir el paso de ambulancias o bomberos en emergencias. Sostienen que el problema debe abordarse atacando las causas sociales, como el abandono escolar y el consumo de sustancias, en lugar de recurrir a un aparato represivo y al aislamiento de la población. Por estos motivos, existe una demanda judicial vigente contra el intendente por presunta intimidación pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
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